Isabel Serra - The Clinic
14 / 05 / 2021
Cada uno de los cuatro votos que emitiremos este fin de semana es importante en sí mismo. Cada elección de convencional constituyente, gobernador(a), alcalde(sa), concejal(a) tiene su particularidad y su poder de decisión sobre el desarrollo de los territorios. Por su parte, la elección, en su conjunto, construirá la principal estructura de toma de decisiones urbanas y territoriales, lo que tendrá un efecto profundo sobre la transformación de los barrios, ciudades y sus comunidades.
En materia de ciudad y territorio, y desde el punto de vista dogmático, los 155 constituyentes que sean elegidos decidirán la consagración de los derechos individuales y colectivos sobre el territorio, teniendo como principio rector la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se discutirán derechos tales como la propiedad del agua, la propiedad privada, el derecho a la vivienda, a la posibilidad de vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros. Mientras que, desde el punto de vista orgánico, todos ellos decidirán la distribución del poder en el proceso de toma de decisiones urbanas de los organismos del Estado, tanto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y lo más importante, definirán los mecanismos y el nivel de vinculación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión urbana.
Por primera vez, elegiremos democráticamente al representante regional bajo la figura del gobernador. Aunque sabemos que aún tiene pocas facultades en materia de gestión, administración y decisión sobre el territorio, es importante considerar que las intendencias (gobernaciones) y sus consejos priorizan los presupuestos regionales, aprueban o no proyectos de carácter metropolitano y elaboran instrumentos de planificación. A pesar de que la mayoría son solo de carácter indicativos, aquí toman relevancia los planes reguladores intercomunales, que sí tienen carácter de norma.
En el contexto de crisis climática, el principal desafío será cómo los nuevos gobernadores se hacen cargo de poder co-construir con la ciudadanía una visión resiliente regional y/o metropolitana, a partir de los temas estructurales del territorio. Entre ellos, se incluye la logística y transporte público, gestión de residuos, servicios sanitarios, agua y energía, parques y acceso a zonas protegidas, gestión del riesgo, inversión en infraestructura estratégica y provisión inclusiva de vivienda pública. Aquí el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o la nueva Ley de Rentas Regionales pasa a ser una herramienta clave a revisar. Es necesario ajustar sus procedimientos para poder enfrentar estos desafíos de manera más justa y autónoma por parte de los diversos territorios.